Soportar un allanamiento puede ser una experiencia sumamente traumática, sobre todo cuando la propiedad allanada es una casa de familia o la sede de una empresa.

En la mayoría de las ocasiones estos registros domiciliarios son ordenados por un juez con el objeto de secuestrar documentación y/o elementos relacionados con algún hecho ilícito que la justicia está investigando.

También se puede ordenar el secuestro de computadoras, teléfonos celulares, tablets, pendrives, tarjetas de memoria, discos rígidos portátiles y cualquier otro soporte digital o magnético que sea capaz de almacenar información.

Es posible que se ordene la detención de la persona a quien se le imputa la comisión de un delito. Dependiendo del ilícito investigado, la orden de detención suele quedar supeditada al resultado positivo del secuestro de algún elemento incriminante.

La fuerza policial a cargo del allanamiento lo primero que debe hacer una vez que ingresa a la vivienda es leer en voz alta la orden emanada del juez, siempre en presencia de dos testigos.

De seguido, la autoridad policial comenzará a revisar los distintos ambientes en busca de los objetos que se pretende secuestrar. Para ello está facultada a abrir e inspeccionar todos los espacios de guardado, incluso en el caso de encontrar una falsa pared o un doble fondo en algún placard podrá forzarlo para lograr determinar qué hay en el interior.

Las cajas de seguridad no están exentas de ser inspeccionadas, por lo cual es conveniente acceder a su apertura para evitar que la misma sea abierta a la fuerza por el personal policial.

El secuestro de elementos y documentación se debe limitar a lo consignado en la orden de allanamiento, pero si durante la inspección el personal policial encuentra algún objeto que per se resulte ilegal, previa consulta telefónica con el juzgado de turno, lo podrá secuestrar y dará lugar a la formación de una nueva causa penal, distinta a aquella que motivó el allanamiento. Es decir, a modo de ejemplo, que si durante el registro policial se encuentra una pistola, cuya tenencia no puede ser justificada, la misma será incautada y se formará un nuevo sumario por el delito de tenencia de arma de fuego.

También puede resultar que cuando se ordene el secuestro de dinero en efectivo, la suma encontrada sea mayor a la cantidad buscada, por lo que el personal policial deberá limitarse a incautar el monto indicado en la orden del juez.

Antes de finalizar la diligencia judicial, se deberá labrar un acta circunstanciada, donde se deberá dejar constancia de la totalidad de lo actuado, incluyendo un detalle de los elementos secuestrados. Este acta deberá ser firmada por todos los presentes.

Las actuaciones labradas y los elementos secuestrados, previo paso por la dependencia policial, serán enviados al juzgado para su análisis.

Sin lugar a duda que esta es una manera muy violenta e intrusiva de enterarse que uno es investigado por la justicia.

Concluida esta traumática experiencia, es el momento de retomar el control de la situación, adquiriendo un rol activo y el protagonismo de los próximos eventos judiciales. Esta la ocasión precisa para contactar un abogado defensor de confianza que nos pueda guiar en el trámite judicial que vendrá.

Pensar que la suerte ya está echada en el proceso penal por la sola circunstancia que el secuestro haya dado resultado positivo es un error en el que se incurre usualmente; por lo cual contar con un profesional del derecho que nos acompañe en este tránsito resulta trascendental.

Las posibles omisiones o irregularidades de la autoridad judicial y policial deben ser analizadas minuciosamente por un abogado defensor que examine de manera técnica lo sucedido, ya que cualquier falta o violación a la ley procesal o a los principios y garantías constitucionales pueden derivar en la anulación del allanamiento sufrido.